La polémica ha comenzado en Rinlo, Ribadeo, pero amenaza con extenderse por toda la costa gallega. Cerca de la frontera con Asturias se está construyendo la primera de las piscifactorías del plan sectorial de acuicultura en terrenos protegidos por la Red Natura de la UE. Pero ésta no será la única.
El sector planea la creación de 22 plantas más a lo largo del litoral de la comunidad, once de ellas también ocuparán terrenos que la Consellería de Medio Ambiente incluyó en esa red, creada para salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa. La organización ecologista Adega ya ha denunciado ante la Justicia a Acuinor, la empresa que promueve la piscifactoría de Rinlo, y esta misma semana llevará a los tribunales al resto de proyectos porque “suponen un claro incumplimiento de la normativa europea”.
Para el fiscal de medio ambiente Álvaro García Ortiz la directiva sobre la Red Natura tiene un problema de “interpretación importante” ya que si se lee de forma restrictiva “no se podría hacer nada” en los lugares protegidos y si estos son muchos podría peligrar el desarrollo económico. Según García Ortiz, el texto legal permite hacer excepciones por razones de utilidad y aquí es donde resulta más ambiguo. ¿Quién decide qué pesa más la protección medioambiental o la implantación de industrias?
El organismo que determinó los lugares que deberían ser protegidos, es decir, la Consellería de Medio Ambiente, ha sido también el que ha autorizado la obra como la de la piscifactoria de Rinlo. La decisión resulta paradójica para el secretario xeral de Adega, Daniel Vispo, quien asegura que si no tienen voluntad de salvaguardar los valores ecológicos de una zona no deberían declararla como protegida. Pero Vispo denuncia que ésta figura legal sí tiene su utilidad para cometer delitos de especulación o, al menos, prácticas de injusticia social. Según explica, los terrenos incluidos en esta red pierden todo su valor ya que sus propietarios no pueden construir en ellos ni instalar ningún negocio. “Sin embargo, se les conceden autorizaciones a ciertas empresas que así consiguen el suelo a muy bajo precio”, afirma. Para Adega la legislación europea está muy clara. “La UE sacó una guía de interpretación de la directiva que rige la Red Natura en la que dice que sólo se autorizaran construcciones por razón de interés público de primer orden y que habrá que consultar a Bruselas”, explica Vispo, quien recuerda que existen otras ubicaciones posibles para montar esta industria que no entran en conflicto con la protección medioambiental.
En periodo de interinidad
Adega denuncia que en el caso de las piscifactorías es todavía más sangrante, ya que además de saltarse la legislación europea para que los proyectos presentados por el clúster de acuicultura puedisen salir adelante fue necesaria la modificación de una ley autonómica. Así, en diciembre de 2004, en la ley del suelo, que prohibía las construcciones en la costa, se hizo una excepción para las explotaciones de acuicultura. Además, el plan sectorial de ordenación territorial de parques de tecnología alimentaria se aprobó definitivamente por la Xunta del PP, tras las elecciones y en su periodo de interinidad.
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