Pese a las advertencias de Buenos Aires, el Gobierno autónomo de las islas Malvinas promulgó la polémica legislación para conceder nuevas licencias pesqueras por 25 años en aguas adyacentes a las islas.
La decisión desembocó el pasado jueves en una dura reacción de la cancillería, que elevó una nota de protesta a Gran Bretaña y juzgó la medida como una «disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en espacios marítimos que la Argentina considera suyos». El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no tuvo empacho en airear a los cuatro vientos su indignación y difundir en un comunicado de prensa el nuevo pico de tensión entre dos países que en 1982 se enzarzaron en una guerra que duró 74 días y causó casi un millar de muertos.
La embajada británica en Buenos Aires confirmó el pasado viernes el mal momento por el que atraviesan las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido al revelar que es la carta de protesta número 13 que este año reciben de las autoridades argentinas.
Pero esta vez el conflicto parece ser más grave que los anteriores, porque lo que está en discusión es la pesca, el principal recurso económico de las Malvinas.
Hasta ahora, los kelpers , como se denomina a los isleños, usufructuaban la pesca mediante la concesión de licencias anuales para la captura del calamar, pero a partir de esta legislación extenderían esas licencias a un lapso de 25 años. Este punto irritó a las autoridades argentinas, que ven que los ingleses se apropiarán durante un cuarto de siglo de un recurso que está en un mar cuya pertenencia reclama y a la que no renuncia.
Cuestión de soberanía
El comunicado de la cancillería enfatizaba en términos duros que «el Gobierno nacional rechaza firmemente la medida, reafirma los legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y recuerda que estos territorios forman parte de la disputa de soberanía que las Naciones Unidas reconoce y mantiene bajo consideración».
La réplica de Londres fue tan rápida como contundente: «El Reino Unido no tiene duda de su soberanía sobre las islas y las aguas adyacentes. Y el Gobierno autónomo tiene todo el derecho de aprobar una legislación sobre sus propios recursos».
Pero esta vez hubo una reacción del Ejecutivo argentino que hace suponer que las cosas se pondrán más difíciles. Nada más conocer la respuesta de Londres, Argentina consignó que «el Gobierno se propone ejercer las acciones que le ofrece el marco legal aplicable a esta situación, para actuar con relación a las empresas que procuren explotar recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina sin la autorización correspondiente».
Está claro que los argentinos prepararán medidas para desalentar y eventualmente sancionar a las empresas que compren esas licencias a los kelpers . Y esas compañías son, en su mayoría, de capital gallego, que administran en torno a una veintena de buques que se dedican, principalmente, a la captura de calamar, algunas de las cuales disponen de plantas de transformación en el suelo de las islas.
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