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El Gobierno advierte a los pescadores que endurecerá las medidas contra la pesca ilegal
El director general de Recursos Pesqueros, Fernando Curcio, se reunió ayer con el Comité Consultivo del Sector Pesquero, y les comunicó que a partir del 1 de febrero las medidas contra la pesca ilegal se aplicarán de forma más contundente.

Curcio señaló que “el ministerio apuesta por una pesca responsable y sostenible de la flota española”, afirmando que “no queremos que el sector pesquero español tenga una mala imagen”; la principal solución al problema: “el sector pesquero debe cumplir las normas nacionales, comunitarias e internacionales, y, por nuestra parte, vamos a endurecer la aplicación de la Ley de Pesca Marítima”.

Por este motivo, el director general manifestó que este endurecimiento se llevará a cabo “en casos de pesca ilegal en reservas marinas, captura de tallas antirreglamentarias, uso de artes o mallas no permitidas, entrada en fondos prohibidos, captura de especies no permitidas, y obstaculización de las inspecciones”. Las penas consistirán en la retención del buque hasta que sus dueños paguen la fianza correspondiente y el pago de la multa correspondiente, que en algunos casos alcanzan los 20.000 euros.

Por su parte, los representantes del sector pesquero no acogieron de buen grado las advertencias del Gobierno. Jacinto Insunza, asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, aseguró que “nos marchamos sorprendidos, porque pensábamos que se nos iba a explicar la postura del Gobierno respecto de las últimas resoluciones a nivel internacional, y nos hemos encontrado con que la única oferta es el endurecimiento del sistema sancionatorio en la pesca española”.

El objetivo final que se persigue desde el ministerio es mejorar la imagen de la flota pesquera en el exterior, sobre todo después de las dos embarcaciones que fueron denunciadas el pasado mes de diciembre por pesca ilegal en aguas noruegas.

Además, este no es un caso aislado; Fernando Curcio señaló que “la flota española comete todos los años una media de 3.500 infracciones; hemos visto que en el caladero nacional no se cumplen las normas, y esto ha influido mucho a la hora de tomar esta decisión”.




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Fuente: Agroprofesional 19/1/2006
 
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