Más de 20.000 marinos españoles se verán afectados por el futuro Convenio sobre Trabajo Marítimo, una normativa que se negocia ahora en Ginebra y que, de aprobarse, será la única sobre un sector industrial concreto común a todo el mundo.
"No existe hasta el momento una legislación de estas características, que valga para todos los países y todos los trabajadores del mundo", explicó hoy a EFE el responsable de Marina Mercante del sindicato español CCOO, Jon Azcue.
El sindicalista interviene en las negociaciones que durante tres semanas tienen lugar en Ginebra organizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la que han acudido unos mil representantes de gobiernos, empresas y trabajadores de 100 de los 178 países miembros de ese organismo.
El objetivo es que, el próximo 23 de febrero, se pueda aprobar un texto que refunda más de 65 tratados, convenios y recomendaciones vigentes en todo el mundo para regular las condiciones laborales de un 1,2 millones de personas.
Para Azcue, es lógico que las condiciones laborales marítimas sean las primeras que se regulan mundialmente, ya que "es el sector más globalizado".
Las condiciones de trabajo que establecerá la futura normativa ya son respetadas por los armadores españoles, por lo que, según los representantes sindicales de ese país que participan en las negociaciones, los cambios que implicará la ley serán pocos.
Por su parte, el secretario federal del Sector del Mar del sindicato español UGT, Manuel Domínguez, explicó a EFE que España cumple sobradamente las condiciones mínimas de trabajo que se negocian, pero sí contribuirá, indirectamente, a aumentar "la seguridad y garantías del transporte".
La aplicación de la norma "se podría notar -según Azcue- en las inspecciones, que aumentarían notablemente", ya que "ahora afectan a cerca del 25 por ciento de las embarcaciones" y, cuando se adopte el texto, "cualquier queja que se reciba de cualquier barco tendrá que ser investigada".
De aprobarse lo que defiende España junto al resto de la Unión Europea (UE), el país del puerto afectado será no sólo responsable de investigar la seguridad y permisos de los barcos como ya ocurre, sino también sobre las condiciones de trabajo de sus empleados, explicó Domínguez.
Eso permitirá mantener más vigiladas a las embarcaciones que se encuentran bajo banderas de conveniencia, como las de Panamá, que aglutina hasta el 20,76 por ciento de la flota mundial, Liberia, con el 8,51 por ciento, o Grecia, con el 5,06 por ciento.
Sin embargo, no está claro que ese aspecto se vaya a incluir en el futuro texto, ya que, según José Manuel Pérez-Vega, también de UGT, cuenta con la firme oposición de países como Canadá o Estados Unidos.
La mayor parte de la flota estadounidense está "bajo banderas de conveniencia de otros países", que "rebajan notablemente los requisitos mínimos exigidos para operar con un barco y contratar a su personal", apuntó Domínguez.
Aunque España -cuya flota supone el 0,29 por ciento del total, según datos de la OIT- tiene también barcos en otros países bajo bandera de conveniencia, la legislación exige que los contratos de los trabajadores se ciñan a la ley española.
No ocurre lo mismo en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, que ven como sus flotas nacionales se reducen progresivamente en pro de las operadas a través de banderas de conveniencia.
Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Transportes por Agua y Aire, de la Pesca y de los Puertos de Brasil (CONTTMAF), Severino Almeida, explicó a EFE que la repercusión del futuro texto en su país es indirecta.
Con una legislación muy proteccionista para con sus marinos, Brasil "tiene que hacer frente a un creciente dumping social, ya que las condiciones laborales de quienes trabajan en buques con banderas de conveniencia son muchas veces lamentables".
"El nuevo convenio ayudará a elevar los estándares mínimos de contratación exigibles a todos los buques", apuntó Almeida.
Los responsables de UGT y CCOO consultados coincidieron en que todo lo que suponga elevar esos estándares mínimos de calidad en la contratación y en las condiciones de vida en los barcos, así como el número de inspecciones, aumentará las garantías de que el transporte de mercancías por mar es seguro.
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