El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de ley de ordenación del transporte marítimo interinsular, con el que se pretende garantizar la integración territorial, social y económica del Archipiélago, informó el secretario del Ejecutivo, Antonio Castro.
El proyecto de ley será remitido al Parlamento de Canarias y el secretario del Gobierno canario indicó que esta es la primera vez que se regula el transporte marítimo interinsular, y añadió que se por medio de las obligaciones de servicio público se garantizará la unión entre las islas para favorecer la movilidad y la cohesión territorial.
En el proyecto de ley se aborda la regulación de todos los servicios de transporte marítimo entre puertos y puntos del litoral canario que se realicen a cambio de una remuneración económica bajo la regla "esencial" de la libertad para prestar esos servicios, se indica en el acuerdo del Consejo de Gobierno.
Se añade que la liberalización del cabotaje marítimo puede resultar perniciosa para las comunicaciones de las islas con el continente y de las islas entre sí, "pudiéndose producir situaciones de insuficiencia" de los servicios que perjudiquen estos territorios.
Por ello, la intención es que en las líneas que se consideren esenciales para garantizar la comunicación regular, cuando la oferta sea insuficiente, las autoridades competentes podrán exigir como condición para su prestación el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público.
O incluso la suscripción de un contrato de obligación de servicio público, se agrega en la nota de Gobierno de Canarias.
Para ello se facultará al Gobierno de Canarias para declarar de interés público determinadas líneas de transporte regular, declaración que, a juicio del Ejecutivo canario, permite fijar unas condiciones de regularidad, continuidad, frecuencia, capacidad de prestación y precio, que se consideran el mínimo necesario para ofrecer unos servicios suficientes.
A fin de cumplir esta regulación, en la ley de delimitarán las potestades de control, inspección y sanción que precisa la administración competente para garantizar el cumplimiento de las normas que ordenan los transportes marítimos en Canarias.
Además, añade el Gobierno, la comunicación entre las islas no es la única razón de interés público que debe ser considerada en la ordenación del transporte marítimo interinsular.
Considera tan importante como la garantía de la conexión regular entre las islas la protección del ecosistema marino interinsular, de la fauna, la flora y la calidad de las aguas que rodean el Archipiélago, "mucho más cuando, como es bien sabido, las islas son lugar con un alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas".
Por este motivo se quiere declarar en la ley que la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo también puede ser limitada mediante la imposición de cargas, limitaciones e incluso prohibiciones, cuando sea necesario para proteger aquellos valores, y en particular, a partir del reconocimiento de las aguas canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible.
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