E comité ejecutivo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) decidió ayer repartir el dinero disponible para las indemnizaciones entre los tres países afectados por la catástrofe del Prestige -España, Francia y Portugal-, de tal forma que el Estado español se llevará el 85% de los 148 millones con los que cuenta el fondo.
Los cerca de 126 millones que le han tocado a España en esta distribución pactada reflejan proporcionalmente el mayor impacto del vertido en la costa de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, frente a la afectación moderada en el litoral francés y la prácticamente nula que sufrió Portugal. Así, a los afectados galos les corresponderá el 13,5% del depósito, y al Ejecutivo luso, el 0,5% restante.
El comité ejecutivo del Fidac también ha consensuado aumentar el techo del pago de las indemnizaciones del 15 al 30%, una decisión que afectará en mayor medida a los afectados franceses, pues el 90% de los españoles ya se han acogido al real decreto gubernamental que adelantaba la totalidad de las indemnizaciones.
Vaciado
A pesar de las reticencias de la dirección del Fidac a aceptar la reclamación española sobre los gastos derivados del vaciado del Prestige , la delegación española, con el apoyo de un gran número de países, logró que al menos no se diera un portazo definitivo a la posibilidad de que se evaluaran los gastos. Así, el fondo se comprometió a estudiar la reclamación española y ver si alguno de sus aspectos podía ser admisible.
La gran división de opiniones entre las delegaciones presentes ayer en Londres estuvo detrás de esta decisión de compromiso, que se tomó en contra del informe negativo emitido por el propio director de la institución, que calificó los 109 millones empleados en la extracción de «gasto desproporcionado en relación al riesgo».
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