a Comisión Europea quiere suavizar la presión inspectora a la que está sometida la flota mercante más moderna para centrarla en los buques que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, y que en la actualidad se benefician de la escasez de medios para generalizar e intensificar los controles portuarios para evitar catástrofes como la del Prestige.
La normativa actual obliga a cada Estado socio de la UE a revisar al menos uno de cada cuatro buques que atracan en sus puertos, lo que, según Bruselas, ha provocado que la misma nave sea sometida a varios controles en distintos países. El paquete de medidas Erika III, que ayer presentó en Bruselas el vicepresidente de la Comisión y comisario de Transportes, Jacques Barrot, pretende evitar esas duplicidades, optimizar los trabajos de inspección y lograr que, en el plazo de cuatro años, el 100% de la flota que atraviese aguas europeas pueda ser debidamente auditada.
«Debemos evitar que los buques de calidad sean objeto de controles costosos e ineficaces», aseguró ayer Barrot, quien alertó de que, paradójicamente, la legislación comunitaria en materia de seguridad marítima está poniendo trabas a la competitividad de las compañías armadoras más cumplidoras.
Como explicaron ayer fuentes de la Dirección General de Transportes, muchos países apenas pueden cumplir el baremo de 25%, «y sus inspectores saben que revisar un barco moderno y seguro lleva mucho menos tiempo que controlar a un buque basura». «Ante la duda, se quedan con el primero», afirmaron.
España es uno de los países que más barcos revisan -un 37,61%, sólo por detrás de Alemania-, a pesar de que en el 2004 relajó los controles. Además, dispone de una de las flotas más seguras, ya que sólo dos de sus 105 buques inspeccionados -el 1,9%- fueron bloqueados por incumplir las normas. Las banderas de la UE más castigadas fueron las de Malta, con 95 detenciones, Chipre (60), Grecia (27) y Holanda (26).
Cuatro años
El Erika III consta de siete propuestas, que deben ser sometidas ahora al Consejo y del Parlamento. Si se aprueban en el 2007, como pretende Barrot, la UE estaría dos años después en disposición de revisar al 100% de la flota que llegue a sus puertos.
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