La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso respaldaron hoy una proposición no de ley del grupo socialista que pide al Gobierno que impulse las actuaciones que sean necesarias para una protección integral del litoral.
La propuesta del PSOE, debatida esta tarde en el pleno del Congreso, insta al Ejecutivo a coordinar con las comunidades autónomas y entidades locales esas actuaciones, a intensificar los trabajos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
Apuesta la propuesta socialista por hacer un especial énfasis en las zonas con mayor presión urbanística o en peligro de degradación ambiental, para que se pueda completar 'cuanto antes' la delimitación definitiva.
La propuesta del PSOE aboga además por continuar en los próximos Presupuestos del Estado con el programa de recuperación de fincas, con el objetivo de reforzar la protección del litoral mediante su incorporación al dominio público.
Horas antes, en la Comisión de Medio Ambiente, el Congreso había aprobado otra proposición no de ley, también del PSOE, relativa también a la ocupación de espacios situados en el dominio público marítimo terrestre.
La proposición no de ley aprobada en la Comisión instó al Ejecutivo a introducir 'mecanismos de flexibilidad' a la hora de conceder títulos para ocupar temporalmente espacios situados en el dominio público marítimo-terrestre cuando esos títulos estén asociados a actividades turística, a simplificar los trámites y a flexibilizar los periodos de instalación para adaptarlos 'a las necesidades de los usuarios y a la climatología'.
Por la tarde, la diputada socialista Carmen Ortiz, quien defendió la proposición no de ley de su grupo, destacó la 'preocupación' del Ministerio de Medio Ambiente por la recuperación del litoral y subrayó las actuaciones emprendidas durante los últimos años para incorporar espacios al dominio público marítimo-terrestre.
Ortiz incidió en la importancia de reforzar las medidas de protección en las zonas que soportan mayor presión urbanística, y recordó en ese sentido la resolución del Parlamento Europeo para aprobar una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana.
La diputada del PP María Angeles Ramón-Llin cuestionó la necesidad de aprobar una proposición no de ley que insta al Gobierno 'a cumplir la ley'.
Contrastó además los datos de deslindes y adquisición de fincas para incorporarlas al dominio público de los Gobiernos del PP y del actual Gobierno socialista, y observó que en dos legislaturas el Ejecutivo del PP adquirió nueve fincas, y el PSOE ha adquirido una en dos años.
Según Ramón-Llin en 2003, el 65 por ciento de la costa estaba ya deslindada, y en la actualidad ese porcentaje ronda el 72 por ciento.
Aunque expresaron su apoyo a la proposición del PSOE, los portavoces del PNV y de CiU cuestionaron también la necesidad de instar al Gobierno a acometer estas actuaciones.
'Respaldamos la propuesta, pero lo dábamos por descontado', dijo Josep María Guinart (CiU), mientras que Iñaki Txueca (PNV) urgió al Gobierno a finalizar el deslinde de toda la costa y recordó que la ley de costas está vigente desde 1988.
Olalla Fernández, del BNG (Grupo Mixto), propuso en una enmienda que la gestión del dominio público marítimo-terrestre se transfiera a las Comunidades que lo han solicitado, y Jordi Ramón (ERC) propuso adherir una enmienda para fijar un compromiso presupuestario, aunque el PSOE rechazó la incorporación de ambas enmiendas.
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